El 4 de julio se celebra el Día de la Libertad Religiosa y es una gran oportunidad para dar a conocer el panorama religioso que vive actualmente el país.
El artículo 19 de la Constitución Política de Colombia ordena: “Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley”. Sin embargo y pesar de los esfuerzos de las iglesias, el Estado y distintas organizaciones religiosas, el cumplimiento de este artículo en el país ha sido una tarea difícil en todo el territorio nacional.
En los últimos años, se ha visto como creyentes, congregaciones de fe y ministerios religiosos ha sido atacados, discriminados, vandalizados y hasta asesinados por sus creencias. Sin embargo, no todo ha sido negativo y también se han mostrado avances en políticas para la religión e instancias de participación ciudadana y religiosa, como La Mesa Nacional del Sector Religioso, el Comité Nacional de Participación y Diálogo Social e Intersectorial de Libertad Religiosa, Sistema Nacional de Libertad Religiosa y de Cultos, Diálogo Social, Paz Total, Igualdad y No Estigmatización (SINALIBREC) y el Banco de Iniciativas Interreligiosas (BIIR).
Así es el panorama de las creencias y la religión en Colombia….
Seguridad y protección
En este 2026, pastores, sacerdotes, creyentes, templos y organizaciones religiosas han sido blancos de todo tipo de ataques violentos, represiones y destrucción.
Al inicio de año, el pastor José Otoniel Ortega de la iglesia cristiana Cuadrangular fue asesinado por sicarios mientras compartía con su familia. En semana santa, un grupo de satanistas ataco la iglesia San Francisco en Bogotá y vandalizó distintas partes del templo católico. En Cali, un hombre, gritando que era el diablo, destruyó distintos símbolos religiosos dentro de la iglesia y generó pánico entre los creyentes, estas son algunas de las situaciones de inseguridad que se han vivido en los últimos seis meses en Colombia. Lamentablemente la lista de ataques a la libertad religiosa en nuestro país es larga y estos casos han sido los más conocidos.
El concejal de Bogotá y pastor cristiano, Andrés Barrios, denunció en un debate de control político en el Concejo de Bogotá que desde el 2024 han aumentado las conductas que vulneran la libertad religiosa en Colombia. “Mientras el Gobierno elimina protecciones, las amenazas contra líderes religiosos aumentaron un 50% y las agresiones a la libertad de culto un 31%. Esto evidencia un deterioro grave en las garantías para el ejercicio de la fe en el país”, sostuvo el cabildante.
En esta misma línea, organizaciones religiosas, nacionales e internacionales, han lanzado una campaña en la que insta al gobierno de Colombia y al presidente Gustavo Petro a restablecer protecciones específicas para los líderes religiosos, en reconocimiento del riesgo particular que enfrentan en regiones con alta presencia de grupos armados y criminales.
Según cifras de Open Doors “Entre 2023 y 2025, se registró al menos 36 líderes cristianos asesinados y 18 detenidos o desaparecidos forzadamente, principalmente en zonas de conflicto armado”.
Políticas públicas para la religión y las creencias
Desde la creación y puesta en marcha de la Política Pública Integral de Liberta Religiosa y de Cultos en 2018, distintos departamentos y municipios del país se han comprometido con el respeto y la libre practica de las creencias en sus territorios.
Este compromiso se ha visto reflejado en el impulso y realización de políticas públicas, comités departamentales y municipales de libertad religiosa, que buscan estrechar y fortalecer la relación entre los gobiernos locales y las comunidades de fe, con el objetivo de “brindar garantías para el ejercicio del derecho de libertad religiosa”.
Según datos de la Oficina de Asuntos Religiosos del Ministerio de Interior de Colombia, el 68 % de los departamentos y el 65 % de las capitales en el país ya adoptaron la Política Pública de Libertad Religiosa al 2026. Entre los departamentos que recientemente han establecido estas políticas y/o espacios interreligiosos están: Cundinamarca, a través de la ordenanza 070 de 2026; Antioquia, mediante las Ordenanzas 037 de 2020 y 008 de 2021; Casanare, por medio de Decreto 0122 de 2019; y Caldas, que actualizó su Política Pública de Libertad Religiosa en el 2024, entre otros.
Bogotá ha sido ejemplo en este sentido, ya que fue la primera ciudad en adoptar la Política Pública de libertades fundamentales de religión, culto y conciencia, a través del decreto 093 del 12 de febrero del 2018. En la actualidad, la capital colombiana cuenta con la Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia que depende directamente de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía. Asimismo, las alcaldías de las distintas localidades de la capital cuentan con comités locales de libertad religiosa.
Aportes humanitarios, ayuda social y desarrollo
El sector religioso en Colombia ha realizado grandes aportes humanitarios a distintas poblaciones vulnerables en diversas partes del territorio nacional, llegando con ayudas espirituales, sociales, económicas y de educación para quienes más lo necesitan.
En el 2022, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reveló que las iglesias y otras entidades religiosas habían contribuido al mercado laboral con 260.000 trabajos formales por año. Estos aportes del sector religioso superan en producción de valor agregado a otros sectores como la “economía naranja” y el de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones en ese año.
Por otro lado, la Secretaría de Gobierno de Bogotá destacó el aporte social de las Iglesias, comunidades de fe y oenegés religiosas, valorado en 1,8 billones de pesos.
“Más de 500 mil personas de sectores vulnerables se benefician mensualmente de los 1,7 millones de asistencias brindadas por el sector religioso en áreas como ayudas humanitarias, apoyos pedagógicos, actividades recreativas y deportivas, asesorías psicoespirituales, y programas de empleo y emprendimiento. Estas iniciativas, desarrolladas por más de 2.000 organizaciones religiosas activas, no solo fortalecen el tejido social, sino que también se articulan con las instituciones públicas para atender a las comunidades más necesitadas.
“En un contexto de desafíos sociales y económicos, el sector religioso ha demostrado ser un pilar fundamental para la convivencia pacífica y el bienestar de miles de ciudadanos. Su aporte beneficia a más de 500 mil personas a través de programas educativos, sociales y comunitarios”, explicó Julián Carvajal Zamora, subdirector de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia.
Un ejemplo de este tipo de impacto social ha sido el de la Fundación Misericordia, Amor y Servicio (M.A.S.), que desde su creación tiene ocho albergues para niñas en donde se les brinda alimentación, vivienda, educación, asistencia psico-social y espiritual. En sus más de 30 años de servicio a los demás, el MAS ha entregado ayudas y asistencias sociales distintas poblaciones vulnerables en todo el país. Asimismo está fundación cristiana ha estado presente en distintas emergencias y desastres naturales con toneladas de alimentos no perecederos, elementos de aseo y elementos de primera necesidad.
Esta organización entrega cada año regalos a los niños de comunidades vulnerables, hospitales y otras instituciones de ayuda durante la temporada navideña.
Intolerancia y discriminación
Colombia hace parte del vergonzoso top de 50 países en donde más se persigue a los cristianos, elaborado por la oenegé internacional Open Doors. Una de las causas de esta persecución es la intolerancia y discriminación por motivos religiosos a través de diferentes formas como la burla a las creencias, la falta de respeto hacia las tradiciones y practicas religiosas, la expulsión de cristianos indígenas de sus territorios, las burlas y los ataques digitales en redes sociales, sitios web y foros. Estos ataques digitales contra la religión se incrementan en circunstancias y momentos de alta polarización en el país, como las elecciones.
En octubre del 2025, Christian Solidarity Worldwide (CSW) documentó el caso del pastor cristiano indígena Aristides Chocue y la comunidad Nasa. Según informó la oenegé “las autoridades de la comunidad de Betania, en el municipio de Caldono, le comunicaron al pastor protestante Aristides Chocue que él y su familia debían abandonar su aldea o enfrentarían un castigo. El pastor Chocue, que trabaja en la comunidad con la Iglesia Cristiana Evangélica Nasa (ICEN) desde febrero de 2022, ha sido advertido repetidamente de que debe llevar a cabo su labor religiosa de acuerdo con las normas establecidas por el consejo”.
Por otro lado y según con cifras de la Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia de Bogotá, dos de cada diez líderes religiosos en la capital han recibido amenazas contra su vida debido a sus creencias y a sus funciones dentro de las iglesias.
“El 38,29 % de quienes encabezan organizaciones religiosas reportaron ataques intencionales a sus lugares de culto, una cifra que refleja la urgencia de seguir actuando para proteger estos espacios de encuentro espiritual”, sostiene la subdirección.
Igualmente, un estudio realizado por la Universidad Nacional encontró que “de 517 líderes religiosos encuestados, 437 (equivalentes al 84,5%) manifestaron haber sufrido por lo menos una de las siguientes situaciones de intolerancia: discriminación y persecución religiosa en los últimos tres años, extorsiones por causa de actividades religiosas, amenazas de secuestro, amenazas contra la vida y la integridad, agresiones físicas, daños a las instalaciones físicas donde se celebran los cultos, burlas o trato discriminatorio por causa del vestuario correspondiente a las tradiciones religiosas”.
Este mismo estudio, halló que “más del 20 % de personas creyentes ha sido discriminado por su vestimenta religiosa, y que aproximadamente el 33 % de niñas y niños pertenecientes a comunidades de fe ha sufrido discriminación en sus entornos escolares”.
