Durante el primer semestre del 2024, la Defensoría del Pueblo verificó 21 denuncias por amenazas contra líderes religiosos en los departamentos de Córdoba, Chocó, Putumayo, Magdalena, Nariño y Valle del Cauca, razón por la cual llama al Gobierno Nacional y los entes territoriales a poner en marcha acciones urgentes que propendan por su protección y el respeto al derecho fundamental de libertad religiosa y de cultos.
Para la Defensoría es inaplazable incluirlos, en razón de su actividad, en el ‘Programa de Prevención y Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades’ después de que tan vital beneficio para ellos fuera derogado por el Decreto 1285 de 2023 del Ministerio del Interior. La situación actual exige una respuesta rápida y decisiva para garantizar su seguridad y derechos.
“La discriminación y vulneración de los derechos humanos por motivos religiosos es un hecho que nos preocupa, razón por la cual desde el 2023 tomamos las acciones pertinentes para hacerles seguimiento y monitoreo. Creamos el ‘Grupo de Trabajo Interno de Libertad Religiosa y de Cultos’ con funciones amplias para articular y focalizar esfuerzos en la promoción y prevención de vulneraciones de este derecho”, aseguró el Defensor del Pueblo, Julio Balanta Mina.
Foto: Prensa Defensoría del Pueblo
